“Nadie les pregunta cuánto ganan”
El economista de la UBA cuestiona el reclamo de los ruralistas porque dice que todos tienen rentabilidad, aun con las nuevas retenciones. Además, remarca que muchos trabajadores se solidarizan con estos empresarios porque no saben cuánto ganan.
Por Fernando Krakowiak
Jorge Schvarzer es profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y uno de los autores del Plan Fénix. En diálogo con PáginaI12, criticó los argumentos que vienen repitiendo los dirigentes del campo para pedir una baja de las retenciones y afirmó que ningún productor sojero de la zona pampeana debería recibir reintegros porque todos tienen rentabilidad. Además, sostiene que muchos trabajadores de ingresos bajos y medios se solidarizan con la protesta sólo porque no saben cuánto ganan los empresarios rurales. “Cuando los maestros hacen huelga dicen ‘ganamos 1200 y queremos ganar 1400 pesos’. ¿Cuánto gana el señor De Angeli y cuánto quiere ganar? Es un misterio. El dice que pierde y por eso está en la ruta, pero nadie le pregunta cuánto gana”, remarca.
–¿La suba de las retenciones deja “afuera de la cancha” a los pequeños y medianos productores, como afirmó Federación Agraria al reclamar la segmentación?
–Lo primero que hay que destacar es que el precio de la soja osciló durante la década del 90 entre 200 y 300 dólares por tonelada. Recuerdo que cuando llegó a 300 dólares los productores estaban eufóricos y eso permitió la gran explosión de la soja. Luego siguió subiendo y ahora llegó a 600 dólares. El Gobierno subió las retenciones, pero a los productores les sigue quedando un ingreso superior a los 300 dólares por tonelada, el valor más alto que cobraron en los últimos 15 años. Este precio vale para todos los productores: los grandes, los medianos y los chicos. Por lo tanto, también los chicos están mejor que antes, aun sin reintegros.
–Ellos dicen que tuvieron que afrontar una fuerte suba de sus costos.
–Es cierto, el fertilizante aumentó mucho porque está vinculado al petróleo y el glifosato también subió, pero la incidencia de esos insumos en la producción de soja no es tan relevante como para modificar la estructura de costos. La suba no llega ni siquiera al 10 por ciento del costo total de producción.
–Federación Agraria sostuvo además que las nuevas retenciones dejan a los productores a merced de los pools de siembra que tienen una mejor economía de escala.
–La nueva tecnología modificó las prácticas productivas en el campo. Una cosechadora moderna, que vale 300 mil dólares, levanta 100 hectáreas en un día. Ningún productor de 100 hectáreas tiene posibilidad de tener una cosechadora. Por lo tanto, contrata a alguien que la tiene o alquila el campo. Entonces, aparecen contratistas que arriendan miles de hectáreas y operan en economías de escala. La imagen del pequeño productor propietario de su tierra queda reemplazada así por un pequeño propietario que alquila su campo y un contratista que trabaja. Las estadísticas muestran que los precios de la tierra en los últimos dos años subieron brutalmente a raíz de la rentabilidad que brinda la soja porque cuanto más rentable es el cultivo más toma como renta el propietario de la tierra y el productor gana su adicional. Algunos dicen que el productor paga un alquiler muy alto por la tierra y pierde plata. En un mercado normal si uno no gana no puede alquilar, pero si el precio del campo sube es porque el negocio sigue siendo rentable para el que alquila.
–Algún productor le podría responder que él no puede pagar el alquiler, pero el precio no baja porque los pools sí pueden pagarlo y avanzan.
–Hay pools, pero también hay una enorme cantidad de contratistas medianos y pequeños en la zona pampeana.
–Esos contratistas les alquilan a otros productores que, según su descripción, han pasado a ser rentistas, ¿se sabe cuántos dejaron de producir para vivir de rentas?
–Es un fenómeno importante. Tenga en cuenta que, según nuestras estimaciones, un productor de 100 hectáreas en la zona núcleo puede alquilar la tierra por 6 mil pesos mensuales. Es una cifra muy interesante para un pequeño productor, que encima puede disfrutar de tiempo libre. Si eso es lo que da de renta, queda claro que el negocio sigue siendo muy rentable.
–Según su opinión, entonces ni siquiera serían necesarios los reintegros.
–En la zona pampeana no son necesarios. Pueden ser necesarios en zonas marginales y donde la rentabilidad por hectárea es muy baja, pero esas zonas representan el 20 por ciento de la producción de soja. El resto está en zonas donde el rendimiento por hectárea y la distancia del puerto son razonablemente buenas. Piense que un productor que tiene 400 hectáreas y alquila cobra 24 mil pesos por mes sin trabajar. No parece un desgraciado.
–¿Entonces cómo se explica semejante protesta?
–Entre muchos productores hay una sensación de haber sido abandonados, pero creo que tiene que ver con otra historia. El campo pasó años muy malos en la década del ’90, cuando cerraron el 30 por ciento de los establecimientos agropecuarios y ahora hay algunos que sienten que es el momento para recibir una retribución que compense todos aquellos sinsabores porque los precios lo permiten. Quieren ganar más porque antes han perdido, pero eso no fue culpa de este gobierno, aunque sin duda ha habido errores en la política oficial. Hubo errores en la política de carne y lácteos.
–¿El Gobierno generaliza los reintegros para los productores no porque esté convencido de hacerlo sino por el lobby de las entidades rurales?
–Seguramente, porque el precio subió para todos los productores. Hay que tener en cuenta que el precio de la soja, descontadas las retenciones, es mejor ahora que cuando sembraron. Lo que pasa es que en febrero, antes de la última suba de retenciones, el ingreso nominal que percibían era más alto. Entonces, cuando se anunció la norma los productores sintieron que perdían respecto a febrero, aunque estuviesen ganando con relación a octubre. En febrero estaban gastando el dinero que iban a ganar y en marzo se dieron cuenta de que no lo tenían. Esto podría haber ocurrido igual si bajaba el precio internacional. En ese caso lo hubieran caracterizado como una desgracia del mercado, pero como lo hace el Estado es el enemigo de siempre.
–Los ruralistas cuestionan los reintegros y dicen que si el Estado les dejara percibir el precio pleno estarían en condiciones de aumentar la producción y subsidiar el consumo interno.
–Estarían en condiciones de hacerlo, pero no lo harían. Es un discurso. Además, el campo no puede invertir mucho más. Para ello debería haber un cambio de la tecnología productiva. Con la tecnología actual podrían producir en un poco más de hectáreas, pero no pueden cambiar la estructura productiva. Por lo tanto, ese discurso de que van a ganar y por eso van a producir más es una afirmación sin sustento. El campo va a seguir creciendo al ritmo en que lo viene haciendo, pero para eso no necesariamente tienen que ganar fortunas.
–Los exportadores y los proveedores de insumos son clave en la cadena agroindustrial porque forman precios. Sin embargo, los productores no se quejan de ellos con el mismo ímpetu con que critican al Estado.
–No hay demandas en esa dirección. Creo que es por una cuestión cultural. Para este sector los mercados funcionan y el enemigo es el Estado.
–Hay trabajadores que ganan menos de 20 mil pesos por año y se solidarizaron con el reclamo de productores “medianos” que facturan hasta 3 millones de pesos, 150 veces más. ¿Cómo se explica esa adhesión?
–Porque no saben cuánto ganan. Cuando los maestros hacen huelga dicen “ganamos 1200 y queremos ganar 1400 pesos”. ¿Cuánto gana el señor De Angeli y cuánto quiere ganar? Es un misterio. El dice que pierde y por eso está en la ruta, pero nadie le pregunta cuánto gana. A los empresarios no se lo preguntan, pero a los obreros sí.
JORGE SCHVARZERLa primera
Con la mayoría absoluta de la Cámara de Diputados, necesaria para la creación de impuestos, el Gobierno dio una contundente respuesta democrática al conflicto por los derechos de exportación, pese a las deserciones lideradas por el duhaldismo y el vicepresidente Cobos. La Federación Agraria, la Iglesia Católica y la difusión de la soja transgénica. Las retenciones y la estructura productiva.
Por Horacio Verbitsky
Luego de una sesión que duró más de diecisiete horas y con una asistencia record de 254 legisladores, la Cámara de Diputados aprobó ayer al mediodía el dictamen del Frente para la Victoria que ratificó las retenciones móviles y reivindicó las facultades presidenciales para disponerlas. Obtuvo la mayoría absoluta de los votos, que son el requisito para la ley de coparticipación de impuestos. En los artículos siguientes el mismo proyecto estableció una serie de modificaciones tendientes a diferenciar entre los pequeños productores y los grandes capitales aplicados a la producción agropecuaria, fruto de varios días de negociaciones en las que el presidente del bloque, Agustín Rossi, actuó como intermediario entre los demás bloques legislativos y el gobierno nacional. El régimen creado tendrá validez sólo para esta campaña y vence el 31 de octubre próximo. En el mismo orden del día también se incluyeron, pero no llegaron a tratarse, otros dos proyectos complementarios tendientes a complacer a la Federación Agraria y separarla de la Sociedad Rural y las Confederaciones Rurales, que representan a los grandes propietarios y a los capitales especulativos. Esto obedece a la hipótesis de que expresan intereses distintos.
El voto y después
Los 129 votos con los que se dio media sanción al proyecto se lograron luego de que el gobierno nacional aceptara un gran número de cambios desde la firma de la resolución hasta ayer, con una flexibilidad que la oposición política y social no está dispuesta a reconocerle. Pero las fue soltando en forma gradual, como concesiones sucesivas, y no las organizó en torno de un eje definido que le permitiera celebrar alianzas con algún sector que ampliara su mayoría más allá de las fronteras de su propia fuerza. Las dos semanas de debates en comisiones y en el recinto fueron las más intensas que vivió el Congreso en muchos años y justificaron la apuesta presidencial de destrabar el conflicto abriendo el juego a la institución expresiva de la soberanía popular. El debate fue vibrante, con muchas intervenciones valiosas, algunas en la madrugada, por diputados poco conocidos, cuya calidad de argumentación excedió el nivel de la que llegó a la sociedad a través de los medios en los meses de conflicto. El jueves y el viernes Alfredo De Angeli convocó a través de varios canales de televisión a un cacerolazo nocturno para presionar a los diputados, pero no tuvo eco y frente al Congreso se congregaron miles de militantes kirchneristas. La noche anterior el ex gobernador de Santa Fe, Jorge Obeid, fue agredido por manifestantes que le gritaron montonero. Obeid era uno de los diputados disidentes con el proyecto oficial, lo cual muestra el componente ideológico que se intenta montar sobre el reclamo agropecuario. Los miembros de la Mesa de Enlace rechazaron la media sanción de Diputados pero nadie repitió la amenaza de cerrar el Congreso que había lanzado el Vicepresidente de CRA, Ricardo Buryaile. Por el contrario, Eduardo Buzzi dijo que tenían la esperanza de obtener un resultado distinto en el Senado. El domingo pasado, el diario La Nación anunció en un editorial que era inminente una “monumental crisis institucional”. El mismo día consultó sobre las retenciones a uno de los más conocidos especialistas en la solución expeditiva de problemas: “En el conflicto con el campo, el gobierno quiere imponer un sofisma, una falsedad bajo la apariencia de una verdad. Este problema requiere una solución inmediata que ni Néstor Kirchner ni su esposa, la presidenta, pueden dar. Se trata de una crisis artificial, creada por la tozudez del Gobierno”, contestó Carlos Robledo Puch, condenado a prisión perpetua por once homicidios. Agregó que no leía diarios pero estaba informado a través de la televisión. Es una incógnita si la votación legislativa calmará las demasías que permiten oponer semejante figura a la de la presidente, o actuará como un estimulante adicional.
Uno de los proyectos complementarios que se tratarán en la próxima sesión, crea un fondo de 150 millones de pesos para atender a pequeños productores en situaciones de emergencia agropecuaria debidos, al cambio climático o a fenómenos biológicos que pongan en riesgo la continuidad de los productores y afecten a las comunidades rurales. El otro regula los contratos de arrendamiento, que no podrán celebrarse por menos de cinco años, deberán ser por escrito, permitirán participación en las ganancias, recibirán desgravaciones impositivas cuando se trate de pequeños productores, promoverán buenas técnicas agrarias para proteger el medio ambiente y podrán rescindirse si alguna de las partes incurre en prácticas que deterioren los suelos. Los grandes capitales y los pools de siembra no podrán aspirar a las desgravaciones en IVA y ganancias. El proyecto de arrendamiento fue elaborado sobre la base de uno de la Federación Agraria. La Sociedad Rural se opuso a su tratamiento.
Las compensaciones
El pago de las compensaciones a los pequeños productores de soja o girasol de la cosecha 2007/2008 se extendió a aquellos que produzcan y comercialicen hasta 1500 toneladas, según una escala progresiva que Rossi y los diputados Alberto Cantero y Walter Agosto discutieron con sus interlocutores hasta minutos antes de iniciarse el debate. Quienes produzcan hasta 300 toneladas habrán pagado, una vez recibida la compensación, un derecho del 30 por ciento, es decir 5 por ciento menos que al 10 de marzo. De 301 a 750 toneladas la retención efectiva será del 35 por ciento y de 751 a 1500 pagarán un 35 por ciento por las primeras 750. Recién por encima de las 1501 toneladas regirá la escala dispuesta por el ministerio de Economía en marzo. También se ablandaron otros requisitos para optar a las compensaciones y la forma de pagarlas:
- se eliminó la exigencia de inscripción en el registro de comercializadores de granos. Bastará estar inscripto como contribuyente ante la AFIP;
- se eliminó el requisito que negaba la compensación a quienes tuvieran deuda líquida y exigible por declaraciones juradas presentadas y por pago de impuestos. La compensación se imputará prioritariamente al pago de esa deuda. Las organizaciones gremiales visarán la declaración jurada de sus afiliados, junto con las autoridades provinciales o municipales;
- quedan excluidos del beneficio los propietarios que arriendan el campo y obtienen como pago soja o girasol;
- se suprimió el requisito de que el productor no trabajara más de 150 hectáreas en la región pampeana y 350 en el resto del país;
- el 10 por ciento del Fondo de Redistribución Social se dedicará al fortalecimiento de la agricultura familiar;
- se eliminó el requisito de que el beneficiario de las compensaciones tuviera el cultivo de soja o girasol como actividad principal;
- en las compensaciones al transporte de granos desde las provincias extrapampeanas hasta su destino dentro del territorio nacional se sumaron la provincia de La Pampa, siete departamentos del norte de Entre Ríos, cuatro del norte de Santa Fe, dieciséis del norte de la provincia de Córdoba y diez de la provincia de Buenos Aires;
- las compensaciones podrán cobrarse de inmediato, con un cupón descontable en el Banco Nación.
Doble discurso
El debate parlamentario hizo palidecer el doble discurso del presidente de la Federación Agraria. Lo superó con holgura el diputado bonaerense Felipe Solá, quien fustigó los actos de violencia a los que acuden miembros del sector agropecuario, atribuyó al “clima destituyente” un discurso soez de un oscuro diputado demócrata mendocino que agravió a la presidente. Solá también elogió las modificaciones introducidas por Rossi antes del debate que, confesó, acercaron el proyecto oficial al de su grupo. Pero luego cuestionó la inexistencia de una política agropecuaria y con ese argumento fundamentó el voto opuesto al proyecto de su bloque. Se alinearon con él Luis Barrionuevo, Graciela Camaño, y la ex ministra de Economía del vicepresidente Julio Cobos, un hombre ilusionado con un futuro mejor. Por la mañana, Solá había estado en la Casa Rosada con el propósito de llevar una propuesta que lo colocara como protagonista de la solución y demostrara qué grave error cometió el gobierno al no reconocer su talento designándolo presidente del bloque o de la Comisión de Agricultura. La presidente no lo recibió y quien desechó su plan fue el jefe de gabinete. Dos semanas antes, Solá le había dicho que tenía objeciones pero que no rompería el bloque, donde reiteró su juramento. En la madrugada de ayer, Rossi trató en vano de convencerlo de que, como mínimo, apoyara el proyecto en general y reservara su disidencia para la consideración en particular. También la jefa de la Coalición Cívica Libertadora rehusó sumarse al proyecto de Solá. Según La Nación, Elisa Carrió dijo a los miembros de su bloque: “Nosotros somos opositores, no golpistas. No se presten a ningún acuerdo entre Duhalde y Cobos. Ya en 2001 me invitaron a un gobierno de unidad nacional con la coartada de que había que detener los saqueos, y me negué. Ahora están en la misma maquinación con la excusa del campo”. Al comenzar la sesión, Solá había tomado a golpes a un asesor de la jefatura de gabinete que había impedido el paso a tres dirigentes de la Sociedad Rural que intentaban ingresar con una allegada a Solá.
La leche y el aceite
Mientras el Congreso debatía el proyecto de ratificación de las retenciones, la presidente CFK llegó a acuerdos efectivos con los complejos aceitero y lechero. El Estado dejará de pagar compensaciones a una actividad que es líder en el mundo (exporta entre el 65 por ciento y el 95 por ciento de la producción, según la oleaginosa), y las empresas se comprometen a abastecer el mercado local con una rebaja del 30 por ciento. Esta semana aparecieron las primeras botellas en las góndolas, con el precio estampado en el envase para que las cadenas comerciales no puedan hacer diferencia remarcándolo. Las compensaciones se pagarán de un fondo fiduciario constituido por las propias aceiteras, de modo que el subsidio al consumo interno se prorratee tanto entre las que colocan toda su producción en el exterior, que son la mayoría, como aquellas que además abastecen el consumo interno. Esta semana firmó un acuerdo con el sector lechero que lleva de 0,86 a 1,04 pesos el precio por litro que reciben los tamberos que producen hasta 6000 litros por día. Esto abarca al 97 por ciento de los productores de leche de la Argentina, casi todos en Santa Fe y Córdoba. Durante aquella ceremonia, la presidente reveló que su abuelo fue tambero, de ordeñe manual, al frío de la madrugada. También dijo que en 2003 el productor recibía por litro un tercio de lo que el consumidor pagaba en la góndola. Con el nuevo acuerdo superará la mitad. En los próximos dos meses se seguirá negociando para determinar el costo exacto del litro de leche, lo cual al mismo tiempo arrojará cuál es la unidad económica viable y permitirá organizar medidas de auxilio, como su agrupamiento en cooperativas que les mejoren la escala. Expuso además el objetivo de llegar a los 15.000 millones de litros de producción, mediante la articulación entre la producción y la industria. Pero también apareció junto a otros sectores de la sociedad: en una fábrica de cemento en Pico Truncado y una de autopartes en Chivilcoy, entregando la bandera argentina a la delegación que concurrirá a los juegos olímpicos de China y anunciando la construcción de 7000 viviendas para suboficiales del Ejército. También promulgó la ley de promoción de autopartes, que contempla la producción de 500 mil motores de automóviles y 700 mil de motocicletas. Nada de ello sería posible en una economía regida por los precios relativos de la producción agropecuaria, que las retenciones intentan atenuar.
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-107316-2008-07-06.html
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